Mientras la polémica con Rosario Bravo comenzaban a quedar en el pasado, Daniel Fuenzalida deberá enfrentar una nueva y complicada situación a raíz de una demanda que presentarán en su contra. ¿El motivo? El despido injustificado de un trabajador de su parcela en Curacaví.
La información se dio a conocer este viernes en «Que Te Lo Digo«, donde obtuvieron una declaración de Carlos Mondino, abogado que representa al demandante. A través de diversos audios explicó el caso que tiene, una vez más, al animador de TVN en el centro de la polémica.
«Esta es una acción judicial que se inició por don Vicente Godoy, yo lo represento junto a otro colega. Él realizaba labores en una parcela de propiedad de don Daniel Fuenzalida, que está ubicada en Curacaví. Las labores que realizaba eran de cuidador y operario dentro de la parcela«.
En el detalle, Godoy «cumplía una jornada y recibía una remuneración y órdenes directas. Por lo tanto, había una relación de subordinación y dependencia», explicó. Estos son factores claves para determinar que existía una relación laboral.
«El otro antecedente importante es que esta persona es extranjera y tiene un estatus migratorio regular en este momento. Sin embargo eso no opta que se le tengan que pagar cotizaciones previsionales y se le deban respetar los derechos laborales de una persona«, agregó.
¿Qué buscan con la demanda contra Daniel Fuenzalida?
El abogado precisó que su defendido «empezó a trabajar como empleado de don Daniel Fuenzalida en marzo de 2024 y fue despedido el 5 de octubre de 2025«. Ante esto, continuó, «Don Vicente inició un reclamo administrativo ante la Dirección del Trabajo, se admitió a trámite el reclamo».
«Se cita a don Daniel al comparendo de conciliación, que es un trámite que hace la Dirección del Trabajo para ver si hay una posibilidad de acuerdo. Pero don Daniel no asistió. Al no asistir y habiendo sido notificado legalmente, se entiende que no habría una chance de no llegar a acuerdo», indicó.
Es por este motivo que se inicia y se presenta la demanda en contra de Daniel Fuenzalida. Con esto, buscan que «se declare la relación laboral (…), despido injustificado porque no se habría dado acorde a derecho y al no pagar las cotizaciones previsionales hay una sanción que se llama nulidad del despido«.
Con la acción judicial buscan que se pague un sueldo, correspondiente a $600 mil, más dos meses por año que sería $1.200.000 más, el recargo legal por el despido injustificado que es el 50% de la indemnización por años de servicio.
