El pasado 27 de septiembre, el Senado ha aprobado por unanimidad la Ley Ricardo Larraín, con 17 votos a favor. Esto marcó un momento histórico en la lucha de los artistas por reivindicar sus derechos, y en especial para los guionistas y directores audiovisuales que durante casi dos décadas han trabajado incesantemente por concretar la legítima demanda del reconocimiento a sus derechos de autor.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de autor se reconoce como uno de los derechos fundamentales, sin embargo en Chile, estos derechos no estaban debidamente garantizados para los autores audiovisuales, quienes frecuentemente tienen que ceder estos derechos a los productores, sin recibir ningún tipo de tributo económico en el caso de haber creado una obra exitosa.
Daniella Castagno, destacada guionista nacional y vicepresidenta de la Sociedad de Autores de Teatro, Cine y Audiovisual (ATN), destacó emocionada este logro: «Ha sido un camino largo y difícil, resultado también de lo que cimentaron otros autores antes que nosotros, algunos de los cuáles ya no están. Pero creo que todo este esfuerzo va a servir para estar protegidos, hacer crecer la industria audiovisual y fomentar la creatividad. Además, vamos a tener el respeto que nos hemos ganado y que nos merecemos».
En tanto, Silvio Caiozzi, consagrado cineasta nacional y también vicepresidente de esta entidad, recordó con afecto el origen de esta lucha: «la ley partió con los primeros que estuvimos creando ATN, esta sociedad de gestión para proteger nuestros derechos de autor, y Ricardo (Larraín) fue uno de los fundadores de este movimiento. Hoy lamentamos que no esté viviendo esta alegría con nosotros, pero quisimos hacerlo partícipe con honores, y por eso decidimos llamarla en su nombre. Nos pone muy contentos que al fin se haya comprendido que necesitamos tener la Ley Ricardo Larraín funcionando lo antes posible».
Los próximos días se espera que el proyecto de ley pase a su trámite final, el cual consiste en su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, para declarar oficialmente su existencia, y su posterior publicación en el Diario Oficial, para hacerla obligatoria y de conocimiento público.
