Fue a fines de 2012 cuando Jaime Román, reconocido productor musical de TVN, fue detenido por ser usuario de un prostíbulo que explotaba menores de edad. Días más tarde, el canal estatal decidió poner fin al vínculo laboral con quien estuvo detrás de programas como «Rojo» y «Cabaret Burlesque» ya que la reputación del canal se había dañado de manera mediática.
Además, agregaron que el hombre infringió deberes contractuales de «respeto a la dignidad humana y la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud». Es por eso que a través de una carta enviada a su domicilio, cuando él aún se encontraba en prisión preventiva, fue notificado de su despido.
Fue esta situación la que llevó a Román a interponer una demanda en contra de TVN, alegando que el canal lo privó de su trabajo y que por lo mismo, sufrió daños morales, según consignó la edición de hoy del diario La Segunda. Fuentes cercanas al ex productor musical, indicaron al mismo medio que TVN tenía el derecho a despedirlo «pero de buena manera», añadiendo que más allá del término de la causa de abuso sexual -del que resultó culpable-, el haberlo echado antes de la condena «vulneró su presunción de inocencia».
Para mediar este tipo de casos se tuvo que nombrar un árbitro, quien resultó ser el ex ministro de la Corte de Apelaciones Jaime Guzmán. Tras estudiar la situación, el pasado 20 de julio, Guzmán le encontró la razón a Román, obligando al canal a pagarle casi $173 millones, argumentando en el fallo que las orientaciones programáticas establecidas en el contrato constituyen un estatuto moral y no una obligación jurídica y agregó que el término del vínculo fue realizado de manera unilateral por el canal, sin mayor justificación. Debido a esto, se debió enviar a un representante de la señal a visitar a Jaime en la cárcel para aliviarlo, consolarlo y acordar con él su futuro laboral.
TVN no se quedó de brazos cruzados y las emprendió en contra del árbitro, alegando que «el ex juez cometió faltas o abusos graves» en la sentencia, tales como desconocer las obligaciones contractuales entre las partes e incluso inventar supuestos derechos de victimario a ser visitado y consolado por parte de sus empleadores, al caer en prisión.
